Autor: Vélez Ríos Julián Emilio
La ley 30 de 1992 y sus múltiples decretos reglamentarios establecen la normatividad mediante la cual una Institución de educación superior (IES), puede crear un nuevo programa, bajo los parámetros de lo que se denomina, registro calificado, que no es más que la certificación que el Ministerio de Educación le otorga a la institución para avalar el funcionamiento de un determinado programa y a través del cual valida el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, que se encuentran establecidos en la misma ley y da fe, a la sociedad, que dicho programa cumple con los estándares básicos requeridos y por lo tanto puede ofrecerlo fundamentado en condiciones mínimas de calidad. Así mismo la propia ley faculta, tanto a los programas en particular como a las instituciones en general, para que de una manera libre y voluntaria, y esto en un elemento esencial de la norma, certifique ante el mismo Ministerio, procesos de calidad superiores a los exigidos en los estándares mínimos, de acuerdo con los objetivos, esfuerzo y dedicación que el programa define, para ofrecer procesos de alta calidad, cuando considera que supera con creces los estándares mínimos y procura brindar a la comunidad un producto superior, el cual debe ser demostrado mediante un proceso juicioso de autoevaluación y el sometimiento, a través de pares de alto nivel de formación académica, a la evaluación de todos sus procesos, debidamente soportados con evidencia.
2015-09-07 | 322 visitas | Evalua este artículo 0 valoraciones
Vol. 28 Núm.1. Enero-Junio 2015 Pags. CES Odontología 2015; 28(1)