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LA LEY 100: REFORMA Y CRISIS DE LA SALUD Los principios en que se fundamenta la Ley 100 de diciembre 23 de 1993 son buenos porque corresponden a una concepción moderna de justicia social integral. La adecuada ejecución de la ley puede constituir una verdadera reforma de aseguramiento universal independiente de la capacidad económica de las personas y un comprensivo plan de beneficios. Atiende a la dignidad de los grupos de menores recursos, a los cuales confiere la capacidad de escoger, opinar e influir sobre el sistema de salud, en vez de ser ellos sujeto pasivo de recepción de servicios. Al abrir el “mercado de salud”, estimula la asimilación y la inserción social del enorme avance científico y tecnológico de la medicina. Se basa en modelo de cobertura universal y de competitividad derivada de la libre escogencia por usuario consciente de la calidad y de los costos. El modelo se orienta a promover calidad y economía en un sistema de administración eficiente. Es la hipótesis de la competencia regulada. Tales principios y objetivos son inobjetables. Además, la ley ha significado un importante crecimiento de los recursos disponibles para el sistema. Sin embargo, su implementación exhibe grandes fallas y ha resultado en una crisis de enormes proporciones, tal vez sin antecedente en la historia del país. Paradógicamente, la reforma que abre un vasto panorama de equidad social, lleva al consumo de los nuevos y cuantiosos recursos por un costoso mecanismo de intermediación y por utilidades corporativas, lo cual ha contribuido significativamente a la quiebra de las instituciones que prestan los servicios especialmente de los hospitales públicos. Así mismo, la ejecución de la reforma, al crear serios peligros en cuanto a la calidad, en última instancia viene a ser una riesgosa reconceptualización de la moral social.

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2003-12-19   |   867 visitas   |   Evalua este artículo 0 valoraciones

Vol. 14 Núm.2. Abril-Junio 1999 Pags. 70-72 Rev Colomb Cir 1999; 14(2)