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lsmael Roldán V. Psiquiatra La educación en Colombia no tiene doliente. A partir de la Ley 30 de 1992 se desreguló el sistema de educación superior y en base a la autonomía, los programas se crean y se supervisan por parte de las Instituciones. La autorregulación se igualó al propósito de que cada institución hace lo que cree que es mejor, se fragmentó el sistema, se hizo particularista y llevó a desaparecer el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) como órgano de orientación del conjunto de organismos creados por la Ley. De esta manera colocó al ICFES como secretaría técnica del Consejo Superior Universitario (CESU) pero sin realizar funciones claves en la educación superior como el fomento, la información, la programación y la ejecución de políticas de gobierno. Esta ley al subordinar el ICFES al CESU ha permitido que se definan de manera jerárquica y no conceptual las cuatro modalidades educativas: 1) las universidades; 2) los institutos universitarios que generan y difunden la investigación aplicada; 3) los institutos de educación tecnológica, que aplican la tecnología a labores productivas, y 4) los de educación técnica que forman el personal calificado para los oficios. De esta manera las instituciones tecnológicas (3) se convierten en institutos universitarios (2) y estos a su vez en universidades (1). El requisito para lograr ser universidad es tener programas académicos y en ciencias básicas. Así el CESU es más un centro de cabildeo y negociación para el cambio de modalidades educativas que un órgano de coordinación, planificación y asesoría. En esta confusión de modalidades educativas cada una pierde su identidad, se subvalora la educación técnica y no se trabaja sobre la pertinencia, es decir, no se definen áreas estratégicas nacionales. El sistema frente al desarrollo no es articulado porque es particularista, cada institución hace lo que cree que es mejor. Esto ha hecho que no sea un sistema competitivo, que no tenga parámetros de calidad y que proliferen programas de baja calidad. El enfoque es rígido, academicista y profesionalista. No ha incorporado la investigación en su pedagogía. Separa la educación y el trabajo. No tiene en cuenta el déficit de recursos humanos para el sector productivo, ni apunta al déficit de científicos. Desconoce áreas prioritarias para el desarrollo productivo y la modernización del país tales como las telecomunicaciones, la metalmecánica, la agroindustria y la electrónica. Desde el punto de vista de la equidad, en el balance de la ley, aún sigue restringido el acceso de bachilleres al sistema y su cobertura es únicamente del 14%. La educación continúa concentrada en 4 ciudades. Sólo el 1,8% de la matrícula universitaria está dirigida a las ciencias naturales, las ciencias humanas y sociales, pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier nación. Por otra parte, las instituciones técnicas y tecnológicas no tienen ese carácter. Casi la totalidad de instituciones técnicas ofrecen carreras cortas no técnicas, y la mayoría de las actuales instituciones tecnológicas ofrecen carreras cortas no tecnológicas. De tal manera que la mayoría de las instituciones tecnológicas y técnicas son más bien instituciones de carreras cortas. Desde el punto de vista de las instituciones ha habido una proliferación de programas donde no se evalúa la calidad de ellos, ni la calidad de los docentes. Esto se ha debido hacer desde el comienzo a través del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), dado que durante estos seis años un número importante de profesionales, hasta ahora se expiden las primeras acreditaciones para los programas. La financiación estatal no está vinculada ni a la calidad ni a la expansión. Ello conduce a que el sistema de financiación del crédito estudiantil institucional no sea un mecanismo para la expansión y el mejoramiento del sistema educativo del país, fundamentales para el desarrollo de Colombia. Por lo anterior se precisan unas estrategias en las cuales el ICFES pueda desarrollar su función principal, que es el fomento del sistema nacional de información, con indicadores e índices de calidad de los procesos de evaluación docente; de la formación docente y de la innovación pedagógica. Se hace necesario crear un sistema mixto de oferta y demanda a través de un fondo nacional de educación, que vincule el crédito educativo a la expansión, a la calidad y a estudiantes de menores recursos; organizar la educación por ciclos y modalidades; vincular la educación media, la técnica y la superior; estimular la oferta en ciencias básicas, naturales y humanas; vincular la investigación universitaria y los centros de productividad de Colciencias; y reestructurar el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior FODESEP y el ICETEX en relación con el Fondo Nacional de Crédito Educativo. La visión de futuro y el planteamiento de estas estrategias requieren una reforma a la Ley 30 de 1992 para que se mejore la educación superior y llegue a un 25%; haya igualdad d oportunidades y disminuya la discriminación social; se logre una mayor eficiencia en la inversión educativa; se redistribuya geográfica mente la oferta hacia las ciudades pequeñas e intermedias; se diversifique la oferta de formación; se ofrezca mayor calidad en la oferta técnica; se fortalezca la capacidad científica nacional; y se reformen las instituciones creadas por la Ley 30 en torno a la claridad en las responsabilidades de la educación superior. Porque lo que se ha logrado es multiplicar las siglas y remplazar la academia por la politiquería... y la educación continúa sin doliente...

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2004-09-03   |   1,370 visitas   |   Evalua este artículo 0 valoraciones

Vol. 27 Núm.4. Diciembre 1998 Pags. Rev Col Psiqui 1998; XXVII(4)