Autor: Martin Escobar Teresa Aurora
México, un país con más de dos millones de Km2, con una geográfica que propicia una gran diversidad climática y biológica, que condiciona la presencia de una amplia variedad de agentes biológicos, físicos y químicos capaces de generar diversos daños a la salud, aunados a una dinámica poblacional en constante crecimiento y frecuente movimiento, en condiciones precarias y adversas para el desarrollo de la comunidad, presenta un gran reto para la prestación de los servicios de salud, y entre ellos efectuar la vigilancia epidemiológica, e implementar las medidas de prevención y control de las enfermedades. Por lo que es fundamental contar con la confirmación de los casos de los padecimientos de importancia epidemiológica en forma oportuna y confiable. Situación que solo es posible lograr con la operación de una red nacional de laboratorios de salud pública, organización funcional que tiene entre sus objetivos realizar las técnicas analíticas para detección o identificación de los agentes causales de las enfermedades de importancia epidemiológica. La conformación de una red de laboratorios de salud pública tiene su inicio con la construcción del laboratorio en Acapulco, Guerrero en 1977, después el laboratorio de León, Guanajuato en 1981. Y posteriormente el laboratorio de Villahermosa, Tabasco que funcionaría como una Red Nacional de Laboratorios Regionales, con tecnología e instrumentación de lato desarrollo, para soportar la demanda de servicios de salud de los estados y preparar un proyecto para la construcción de laboratorios estatales. Estos laboratorios fueron diseñados para apoyar las acciones de normar y controlar las condiciones sanitarias del medio, participando en el control sanitario del proceso de los alimentos, agua y otros productos de consumo humano; y en la identificación de algunos agentes causales de brotes y atención de algunos problemas epidemiológicos.
2009-06-16 | 4,335 visitas | Evalua este artículo 0 valoraciones
Vol. 2 Núm.7. Abril 2009 Pags. 27-29 Rev Sal Quintana Roo 2009; 2(7)