En los primeros días de enero de 2010 el gobierno nacional promulgó una serie de decretos que pretenden ajustar el sistema general de seguridad social en su componente de la salud aprovechando las facultades otorgadas al Ejecutivo por una declaratoria de Emergencia Social. Varios meses antes de ser declarada dicha emergencia el gobierno central había estado abonando el terreno para tal intervención por medio de anuncios sobre lo mal que estaba la situación de la financiación del Sistema General de Seguridad Social (SGSS) y el peligro que existía de que el sistema colapsara por falta de liquidez monetaria. Pese a que la motivación financiera era clara y hasta justificable, desde la perspectiva de varios analistas, los decretos expedidos al amparo de la reforma fueron más allá de ese aspecto y prácticamente reformaron muchos aspectos del sistema, pero completamente de espaldas a la discusión pública y según han sostenido muchos críticos, sólo con la participación activa de algunas de las partes interesadas, aquellas que son más afines al gobierno como representantes de Empresas Promotoras de Salud y sus consultores.
2010-06-09 | 917 visitas | 8 valoraciones
Vol. 58 Núm.1. Enero-Marzo 2010 Pags. 1-2 Rev Fac Med Univ Nac Colomb 2010; 58(1)