Fragmento

Al finalizar la primera década del siglo XXI es necesario y prioritario clarificar con qué estrategias se identificará el derecho a la salud en la práctica odontológica y encontrar mecanismos para enfrentar la amenaza de la discriminación por factores sociales y económicos en el acceso a los servicios indispensables para la defensa de la salud misma. Hasta hace poco tiempo, el acceso a los medios de salud se ha visto como una cuestión de justicia. Debemos reconocer en este hecho un signo positivo de la modernidad que ha sido posible, ya sea porque tenemos una mayor disponibilidad de instrumentos cada vez más eficaces para custodiar la salud, o bien por la creciente conciencia de la destinación universal de los bienes, en primer lugar aquellos naturales y, después teniendo en cuenta las reglas de la analogía, aquellos construidos por el hombre mismo. Por su misma naturaleza, la vida y la salud se “resisten” a ser catalogadas en el elenco de los privilegios, esto es, de aquellas ventajas particulares que se les conceden a algunos y negadas a otros. En consecuencia, no hay que maravillarse si la justicia, que en otros campos está lista para dispensar reconocimientos y distinciones, en el de la salud asume una posición prejuiciosamente negativa con relación a los derechos y de las prerrogativas reservadas a pocos “elegidos”. Esto se presenta como una cuestión de justicia en dos niveles: el de la justicia conmutativa, en el contexto de la relación odontólogo-paciente, que sólo se reduce a la prestación profesional contractual, fundada sobre la información más que sobre una comunicación real, y la justicia distributiva que requiere que a cada uno se le dé lo que le corresponde.

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2011-02-15   |   1,136 visitas   |   1 valoraciones

Vol. 8 Núm.78. Enero 2011 Pags. 20 Odont Moder 2011; 8(78)