Fragmento

Al menos tres preguntas básicas resultan pertinentes en relación con el proceso legislativo que actualmente se adelanta en el Congreso Nacional para reformar la Ley 100 de 1993. La primera, si es necesaria una reforma. La segunda, que implica una respuesta positiva a la anterior, si es necesaria una reforma a la ley, o si las modificaciones que se requieren se pueden llevar a cabo mediante mandatos de menor jerarquía jurídica como decretos u otras reglamentaciones expedidas por el Ejecutivo. En caso de una respuesta positiva a la pregunta anterior, la tercera es si las propuestas de modificación significan avances teóricos y operativos frente a la legislación y al modelo vigente. En relación con la primera pregunta, la respuesta parece ser positiva; diversos actores del sistema han presentado proyectos de ley para modificar el modelo vigente y con esta actuación están demostrando su insatisfacción y su interés en que las cosas cambien. Se han presentado una serie de hechos que tienen como consecuencia un descontento, que parece generalizado, con el funcionamiento y los resultados que ha ofrecido el modelo de la Ley 100. Los diagnósticos que se ofrecen en las exposiciones de motivos de los distintos proyectos de reforma son poco precisos y no existe, para la mayoría de los problemas argumentados, información sólida que permita identificar con exactitud los males que se van a remediar. Como en todo proyecto, hay preocupaciones sectoriales que, pese a su legitimidad, pueden no coincidir con el bien público. Lo que se quiere poner de presente es que todavía está pendiente un proceso de evaluación, serio y objetivo, de los resultados de la Ley 100, y que la decisión de modificar la ley debe obedecer a una identificación clara de los problemas que se deben corregir.

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2012-04-24   |   315 visitas   |   Evalua este artículo 0 valoraciones

Vol. 24 Núm.4. Octubre-Diciembre 2004 Pags. 341-344 Biomédica 2004; 24(4)