Fragmento

Sr. Editor. Ha indignado a la sociedad la muerte de treinta pacientes en un centro de rehabilitación clandestino. Esta tragedia ha develado un grave problema de salud pública: nuestra incapacidad, como país, para el manejo responsable de las adicciones. El Estado y la sociedad peruana rehúyen el problema por prejuicios y tabúes, en lugar de implementar la ayuda médica necesaria. Existe una percepción banal de la adicción, valorada de manera moralista como un vicio y no como una enfermedad que requiere atención médica especializada de cobertura masiva. Actualmente, existe en el país más de un millón de adictos, la mayoría sin tratamiento. De otro lado, la clase política, y los medios de comunicación, desconocen que el adicto carece de conciencia de enfermedad y que se encuentra enfermo de la voluntad. Más del 98% de adictos rechazan cualquier forma de tratamiento; es decir, menos del 2% acepta ayuda voluntariamente. Más aun, el adicto arruina la vida de su familia, principal víctima de la adicción. Sin embargo, se piensa que el adicto debe poner su voluntad, que no es un problema familiar y que la adicción no tiene curación. Además, los médicos no pueden indicar el internamiento involuntario, ya que la Ley N.º 29737 no está reglamentada. Así, se impide a la familia autorizar el internamiento cuando es clínicamente necesario. Esta realidad crea una situación crítica: enfermos que no quieren curarse, familias que claman ayuda y médicos legalmente impedidos.

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2012-04-27   |   498 visitas   |   Evalua este artículo 0 valoraciones

Vol. 29 Núm.1. Enero-Marzo 2012 Pags. 167 Rev Peru Med Exp Salud Publica 2012; 29(1)